En las últimas semanas, frente a la pasividad de todas las instituciones del Estado ante situaciones como las de Áncash y Tumbes, ha quedado claro el rol vital que cumple la prensa en nuestro país, donde las autoridades actúan solamente ante la indignación expresada en los medios y ante el temor de quedar frente a los ojos de los peruanos como unos tremendos incompetentes.

Sin embargo, es necesario alertar que estas denuncias que generan la reacción del Estado antes dormido, están significando amenazas y serios peligros para los comunicadores y periodistas que, especialmente en el interior del país, han comenzado a ser víctimas de ataques, como el sufrido por el reportero gráfico de Correo Tumbes Luis Síchez Barrenechea.

Lo más criticable es que la agresora, ya identificada, salió de la sede del Gobierno Regional de Tumbes y tras el cobarde ataque volvió a refugiarse en la misma entidad pública, a cargo de Gerardo Viñas, quien en los últimos días ha estado en Lima recorriendo canales de televisión afirmando que no sabe nada de agresiones a periodistas y que más bien las condena.

Las entidades del Estado están notificadas de los riesgos a los que se encuentran expuestos los periodistas de todo el país, en tiempo previo a un proceso electoral enturbiado por la presencia de mafias capaces de todo, tal como acaban de alertar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La alerta está dada.