El sistema de recompensas del Ministerio del Interior, instaurado para capturar a los más bravos del crimen, debería entrar a una evaluación sincera y transparente para evitar que la buena voluntad de su creación sea vulnerada por algunos malos agentes del orden, quienes pueden negociar con los prófugos para evitar sus capturas o hacerse de la vista gorda para evitar conflictos con quienes protegen a los requisitoriados. Este proceso nació el 2015, vía el Decreto Legislativo 1180, durante el periodo presidencial de Ollanta Humala, mediante el cual se conformaron dos comisiones evaluadoras de recompensas contra el terrorismo y la criminalidad. El presupuesto partió de los ministerios de Defensa e Interior. Pasados 10 años, sería interesante conocer su desenvolvimiento en la seguridad nacional e interna.

¿Cuántos requisitoriados fueron detenidos?, ¿cuánto ha desembolsado el Estado en este periodo?, ¿quiénes han sido los más prontuariados capturados?, ¿cuántos se mantienen con vigencia en la lista roja?, ¿cómo promocionan este sistema?, ¿cuentan con capacidad operativa?, ¿advirtieron irregularidades en este lapso?, son algunas preguntas que muchos peruanos nos hacemos. Hay casos de prófugos eternos en todo el país.

Ningún método contra la delincuencia es ciento por ciento infalible. Sin embargo, considero que buscar un mejor proceso para la captura de los criminales debería incluir una evaluación al sistema de recompensas. En caso sus resultados hayan sido mejor de lo proyectado, sería bueno potenciar el área y conocer la información. Si no fuera lo esperado, entonces, debería pensarse su reformulación o posible extinción.