El entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se aferró al cargo hasta el último minuto y tuvo que ser censurado. Las extorsiones se prodigaban por todo el país y las muertes por asesinatos rompían todos los récords, pero para Santiváñez eso venía pasando desde siempre.
Pese a que merecía ser destituido, Julio Demartini se colgó con uñas y dientes del cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión Social y no se fue sino hasta que a la presidenta Dina Boluarte no le quedó más remedio que expectorarlo. A los alumnos del programa Qali Warma les habían suministrado carne de caballo y alimentos en mal estado, pero Demartini señalaba solo que había cumplido con procesar esos casos ante las instancias correspondientes.
Lo mismo viene sucediendo con César Vásquez.
Cuatro personas han fallecido, hay al menos dos mujeres con muerte cerebral y más de una decena de pacientes en UCI o con complicaciones, pero Vásquez le echa toda la culpa al sector empresarial. Sin duda, los principales responsables son el laboratorio Medifarma y las clínicas en las que se inoculó el suero adulterado pero es innegable que hay también una responsabilidad del Estado. Un Estado pequeño, pero vigilante, debe tener el control total de un aspecto esencial de la vida de un país como lo es la salud. Pero ni siquiera somos un Estado pequeño, sino desmesurado e inútil.
Tres ejemplos que demuestran que la indolencia ha caracterizado al gobierno de Dina Boluarte: hay una ambición desmedida por los privilegios del fajín, las prebendas del poder, los beneficios del cargo. No hay muerte que valga, no hay carne de caballo que sirva, no hay muerte cerebral suficiente para entender que a veces no hay que actuar ya no como ministro o político, sino sencillamente como ser humano.
