A nadie debería sorprender la lamentable situación en que se encuentra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien acaba de ser objeto de una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación por el nombramiento irregular de una funcionaria en la región La Libertad que como no podía ser de otra manera, era una activa militante de Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña que suele estar presente donde algo huele mal en la administración pública.

Recordemos que Gutiérrez llegó al cargo a través de pacto bajo la mesa en el Congreso, a pesar de su débil formación académica, su escasa trayectoria política y el triste antecedente de haber sido abogado de un delincuente prófugo como Vladimir Cerrón, quien actuó como su padrino y promotor frente al resto de bancadas que pese a todo aceptaron su designación en la cabeza de una institución que hoy no es ni la sombra de lo que fue, aunque se pueda discrepar de la línea política de anteriores defensores.

Imposible olvidar cuando Gutiérrez era congresista elegido por el partido del recluso Ollanta Humala, y hacía de ayayero mayor de la prófuga Nadine Heredia, cuya imagen en tamaño gigante y a todo color aparecía colgada en una de las paredes del despacho del hoy defensor del Pueblo que pese a provenir de las filas del humalismo, al momento de su elección por parte del actual Congreso, contó hasta con los votos del fujimorismo. Todo un “milagro” y ejemplo de “concertación” política.

Una muestra del nivel actual de la Defensoría del Pueblo saltó a la luz cuando Gutiérrez se atrevió a cuestionar públicamente que el Poder Judicial haya anulado la inscripción del partido político del asesino de policías Antauro Humala, algo que ha sido aplaudido por la totalidad de sectores políticos que creen en la democracia, las libertades y el estado de derecho. Incluso el cabecilla del “Andahuaylazo” agradeció las palabras de respaldo del exlegislador humalista.

La Defensoría del Pueblo y el país en general están pagando las consecuencias de una designación motivada por arreglos políticos, y no por la idoneidad de quien tendría que estar al frente de una institución que ha dejado de ser importante. La responsabilidad es de todos los legisladores que votaron por Gutiérrez a pesar de que sus carencias profesionales y de su pasado político como humalista, nadinista y cerronista. ¿Esperaban algo positivo de todo esto?

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