“Un estudiante universitario de 28 años, que laboraba como mototaxista en Puente Piedra, fue acribillado por quien habría sido su propio pasajero. Tres crímenes en una semana”. “Dinamitan casa en la urbanización Cortijo, en Trujillo. Tres atentados en un mes”, “80 transportistas asesinados este año”... Estas son algunas informaciones de los medios que han generado gran repercusión en el país en los últimos días. Se trata del terror que ocasiona la criminalidad, el factor predominante en los primeros 1000 días de gobierno de Dina Boluarte.
La delincuencia se ha convertido en el problema mayor de los peruanos. Ocho de cada diez ciudadanos lo dicen con claridad: este Gobierno no tiene estrategia alguna para garantizar la seguridad. Y no se trata solo de percepciones, sino de realidades que golpean como cifras demoledoras: más de 16 mil denuncias por extorsiones hasta julio, casi diez veces más que hace cuatro años; más de mil quinientos homicidios en lo que va del 2025, una cifra que ya supera todo lo registrado en el 2022 y 2023, y que promete batir también el récord del 2024. No son estadísticas frías: son vidas segadas, familias destrozadas, comunidades enteras sometidas al miedo.
El Estado, mientras tanto, se muestra impotente, ausente, casi cómplice en su indolencia. No hay plan, no hay autoridad, no hay rumbo. Dina Boluarte llegó al poder con la promesa de orden, pero tras mil días de gobierno el único orden que reina es el de los criminales.
La seguridad ciudadana no puede esperar discursos vacíos ni estrategias de papel; cada día de inacción significa más balas, más cadáveres, más hogares enlutados. La omisión también mata, y en este caso la negligencia gubernamental se mide en muertos.
