Perú se prepara para un nuevo proceso electoral con más de 43 partidos políticos inscritos rumbo a las elecciones generales de 2026. Se trata de un escenario altamente fragmentado, casi el doble que en 2021, con retos importantes para la gobernabilidad y la construcción de consensos. Pero más allá de la cantidad, surgen preguntas de fondo: ¿cómo se financiarán tantas campañas? ¿Qué intereses podrían estar operando detrás de escena?
Uno de los riesgos que merece mayor atención en este contexto es el creciente poder económico de la minería ilegal. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad podría generar más de 12 mil millones de dólares en exportaciones durante 2025, un récord histórico que implicaría un aumento superior al 60% respecto al año anterior.
A diferencia de otras economías ilícitas, la minería ilegal opera bajo una narrativa de informalidad, lo que le ha permitido expandirse rápidamente, ganar presencia territorial y, en algunos casos, acercarse a espacios de poder. El objetivo no es estigmatizar, sino entender los riesgos que este fenómeno puede representar para la política si no se cuenta con controles adecuados, especialmente en zonas donde el Estado tiene menor presencia.
A este escenario se suma otro desafío: la inestabilidad institucional que arrastra el sector minero formal. En los últimos cinco años, el Ministerio de Energía y Minas ha tenido más de una docena de titulares, lo cual ha dificultado consolidar una gestión ordenada y de largo plazo que promueva la inversión y dé continuidad a las políticas públicas.
En ese sentido, el próximo gobierno, y los partidos que aspiran a liderarlo, tendrán que asumir responsabilidades claras. Es necesaria una agenda seria, técnica y sostenible, que contemple la implementación efectiva de una estrategia nacional contra la minería ilegal, un marco normativo que distinga con claridad entre formalización genuina y encubrimiento, y finalmente la garantía de que el Estado no será infiltrado por intereses ilícitos.
La minería tiene un rol fundamental en el desarrollo económico del país y puede seguir siendo una fuente de progreso si se gestiona bajo principios de legalidad e inclusión. El desafío está en cerrar los espacios a la ilegalidad sin dejar de impulsar el desarrollo territorial ni abandonar a las poblaciones que hoy permanecen al margen.
Fortalecer la democracia requiere no solo elecciones limpias, sino también instituciones sólidas, partidos responsables y políticas públicas que miren al largo plazo, y garanticen un desarrollo basado en reglas claras, sostenibles y legítimas.
