Una de las grandes desventajas que haberle dado luz verde a la reelección de congresistas la estamos viendo frente a nosotros en estos días, con los reclamos de los mineros informales e ilegales que toman calles y carreteras, y la manera en que vienen actuando ciertos legisladores que a toda costa tratan de acceder a las exigencias de los manifestantes con la esperanza de que más tarde ese “apoyo” se traduzca en votos o, quizá, por qué no, en financiamiento para sus campañas.
En las últimas horas hemos sido testigos de un burdo intento de un grupo de legisladores de izquierda que en la Comisión de Energía y Minas que manejan, trataron de que sea aprobado un improvisado y deficiente dictamen de la nueva ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que solo iba a favorecer a los extractores informales e ilegales que hasta la mañana de ayer acampaban en los exteriores del Congreso, todo por motivos políticos y sin duda electoreros.
Mientras tanto, el exministro castillista y hoy antaurista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) exigía que el fracasado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se prolongue hasta fines del 2026 a pesar de que en casi 10 años de existencia no ha servido para nada que no sea dar un salvoconducto a los informales e ilegales, que les ha permitido seguir operando bajo el argumento de que su regularización está “en trámite”. Es el limbo soñado que quieren que sea eterno.
En el Congreso hay varios que están desesperados por aparecer, a pocos meses de las elecciones en que tratarán de repetir en plato por cinco años más, como los grandes benefactores de los mineros que por estos días presionan ocupando calles en Lima y vías en cuatro regiones del país, lo que viene afectando a la economía nacional, a las empresas y a miles de ciudadanos que nada tienen que ver en el asunto, y que no encuentran productos en los mercados y están impedidos de desplazarse libremente.
Parece que bajo el infame lema que dice “en campaña vale todo”, varios legisladores pretenden dar normas populistas, irresponsables y hasta absurdas sin importar las consecuencias posteriores en materia ambiental, económica, laboral, social y de seguridad ciudadana que todo el país tendrá que pagar, quizá cuando ellos hayan vuelto al anonimato y a la irrelevancia política de donde sólo salieron gracias a tristes personajes como Vladimir Cerrón, Verónika Mendoza y Pedro Castillo.
