Luego de exigir la suspensión del trámite del proyecto de ley que amnistía a militares , policías y comités de autodefensa que lucharon contra e terrorismo; la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha convocado a una reunión con el Estado peruano y los representantes de las víctimas a una audiencia, el próximo 26 de agosto, para evaluar la norma legal. Esto confirmaría el intento de injerencia de este organismo en asuntos que competen exclusivamente al fuero interno del Perú.
La postura del Gobierno ha sido clara: ninguna institución internacional puede sustituir a las autoridades legítimamente constituidas de un país. “La Corte IDH no puede imponer acciones”, señaló con firmeza el Ministerio de Justicia. Esta respuesta no solo es pertinente, sino necesaria. El Perú, como nación soberana, tiene el derecho irrenunciable de elaborar sus leyes y hacerlas cumplir, respetando su Constitución y sus instituciones democráticas. Pueden generar reacciones de aprobación o rechazo, pero hay que respetarlas.
No se trata de negar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ni de desoír la voz de las víctimas. Pero sí se trata de trazar una línea clara entre el apoyo internacional y tutelaje externo. La Corte IDH no es un gobierno mundial ni una autoridad por encima del Congreso de la República. Pretender lo contrario es socavar el principio mismo de la autodeterminación de los pueblos.
