Ayer terminó la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 del Congreso de la República y Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso) se dio el lujo de ser presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo sin dar declaraciones por casi un año.
La legislatura ha terminado, pero antes de irse de receso, el pleno dio facultades legislativas a la Comisión Permanente para hasta el 19 de julio. ¿Qué significa esto? Que los parlamentarios que conforman este grupo de trabajo van a tener la potestad para decidir entre ellos, en una especie de petit comité, qué proyectos de ley serán aprobados en este periodo de casi un mes en el que, además, se elegirá al sucesor de Soto Reyes como titular del Parlamento que, esperamos, sea más abierta al diálogo que su predecesor.
Entre las leyes que han quedado en espera de debatirse y que la permanente podría habilitar están, por ejemplo, normas cuestionadas como la que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes se guerra, el dictamen que elimina la Junta Nacional de Justicia y la norma que limita las acciones de las ONG.
La gestión Soto pasará a la historia, pero no como una que fue efectiva sino una que permitió que se aprobaran leyes con nombre propio y que estuvo marcada por la poca transparencia de su titular.
