Hace algunas semanas, la presidenta Dina Boluarte afirmó en Suiza que “en el Perú estamos en paz social y tranquilidad”. Fue una declaración desafortunada, especialmente en un momento en que los homicidios y las extorsiones alcanzan niveles récord en el país. Sin embargo, la mandataria no está sola en este discurso alejado de la realidad; otros altos funcionarios también han insistido en minimizar la crisis de seguridad que aqueja a los peruanos.
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, declaró recientemente: “Los que viven en mi condominio perciben que salen más tranquilos a la calle, hay más policías”. Por su parte, el alcalde de Lima ha sido aún más entusiasta: “Dicen que es un país (Perú) violento, que no se puede caminar, por favor, miren esta maravilla, hay una paz y tranquilidad brutal. Hay cámaras con IA. Aquí no te puede pasar nada”.
Estas afirmaciones no solo son un insulto a la realidad que enfrentan millones de ciudadanos, sino que también revelan la pasividad y la inacción de las autoridades ante el aumento descontrolado de la delincuencia en Lima y en todo el país.Los datos son contundentes: en los primeros 33 días de 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) registró 193 asesinatos en el país. Además, se han reportado 1,901 denuncias por extorsión en lo que va del año. No se trata de percepciones ni exageraciones. Son hechos que reflejan la terrible situación que viven los peruanos cada día. Los gobernantes continúan instalados en una burbuja de comodidad y negación.
