La reelección de alcaldes y gobernadores viene rondando el Congreso desde 2024. Lo discutieron, lo archivaron, lo revivieron, lo votaron. Ya van ocho intentos. La última votación fue el pasado 4 de junio, sin éxito. Esta reforma —como otras— parece atrapada en una montaña rusa legislativa donde las decisiones de fondo se mezclan con los cálculos de coyuntura.

Según el artículo 206 de la Constitución, toda reforma constitucional puede aprobarse por mayoría absoluta por encima del número legal de congresistas (66 votos) y, luego someterse a referéndum, o por más de dos tercios en dos legislaturas consecutivas. La votación del Congreso no alcanzó el respaldo necesario, por lo que deberá ir a consulta popular. Y aunque podrían intentar una reconsideración, lo cierto es que, incluso si se aprueba antes de octubre, la norma no beneficiará a las autoridades en ejercicio. Aplicará solo para quienes asuman funciones en 2027.Este detalle ha pasado desapercibido en el debate público, pero es crucial. Aun así, más allá de los vaivenes políticos, la reforma es pertinente. A diferencia de lo que ocurre con la elección de congresistas, el voto en las elecciones regionales y municipales es directo, con nombres y rostros visibles. La ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de premiar una buena gestión o castigar un mal desempeño.

Por eso, abrir la puerta a la reelección inmediata no debe ser visto como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas. Eso sí: debe hacerse con transparencia, sin atajos ni privilegios. Que el debate no se contamine con cálculos personales. Si el sistema político quiere recuperar legitimidad, debe empezar por respetar al votante y su derecho a decidir informado y en igualdad de condiciones.