El Estado es la única organización capacitada para emplear la violencia legítima como medio para mantener la paz y restablecer el orden interno. Ninguna otra organización está legitimada para arrogarse dicho poder o reclamar el monopolio de la violencia. ¡Es un atributo exclusivo del Estado! El presidente Nayib Bukele, no cesa de enderezar el rumbo de su nación, erradicando el mal social y recuperando la pacífica convivencia en El Salvador. Unánimemente considerado por la comunidad internacional como un país temible y dominado por la criminalidad organizada, hoy los pueblos del mundo contemplan el viraje radical promovido por el benefactor social Bukele. El inciso tercero del art. 168, de la Constitución de la República de El Salvador, vigente desde 1983, que trata acerca de las atribuciones y obligaciones del presidente de la república, dice: “Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad”. La claridad abundante que emana la normativa constitucional, impide objetar el modo de proceder del titular del órgano ejecutivo. Las maras -MS13 y Barrio18- criminales profesionales y difusores del terror, se encontraban en una sanguinaria disputa por el dominio y extensión territorial, trastornando además la vida social del pueblo salvadoreño. Aun así, la “hemiplejia intelectual” de la prensa progresista critica duramente las prácticas gubernamentales bukelistas, reportando supuestas desmesuras en los tratos a los criminales. Incapacitados para ver y comprender la complejidad del problema, olvidan la duradera turbulencia y la pestilencia moral en la que vivía la sociedad salvadoreña.