Pronto elegiremos nuevo presidente de la República, en bicentenario y en un proceso de elecciones altamente polarizado.

Una candidata, Keiko Fujimori, opta por la campaña del miedo, llama “terrucos” a todos aquellos que no la apoyan y se erige en supuesta defensora de la democracia, aunque defiende a ultranza el gobierno dictatorial de su padre y pretende, en el colmo del cinismo, hacernos creer que la política de esterilizaciones forzadas fue planificación familiar.

Pedro Castillo marca la línea de debate a partir de la lucha contra la corrupción donde la otra candidata carga una mochila pesada: acusada de recibir -por debajo de la mesa- millones de dólares de banqueros y grandes empresas. En años recientes dirigió el sabotaje contra gobiernos fruto de la democracia que dice defender, siendo responsable de la crisis política que vivimos.

Castillo propone que los peruanos y peruanas tenemos pleno derecho a ejercer ciudadanía y, como principio, nuestros derechos deben ser garantizados desde el Estado: salud, educación, empleo digno y no desde la empresa privada porque ya vimos en plena pandemia cómo actúan: triplican, cuadruplican los precios. La ganancia es su divisa.

Mientras Keiko insiste en la continuidad del modelo económico y el liberalismo como receta, la opción de Pedro Castillo plantea la necesidad de cambiar la Constitución, y dotar de mayor capacidad y recursos al Estado para que cumpla sus funciones atendiendo a la población.

La gran desigualdad social en el país es una preocupación constante y explica este voto de protesta y de opción por personas que, desde su origen, viven, sienten y piensen como la mayoría de este país. Es el gran reclamo por la inclusión y la equidad, porque sus gobernantes hagan visibles a quienes por 200 años, han sido ignorados.