El 14 agosto se promulgó la Ley 32419 que “otorga una amnistía general a los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los comités de autodefensa acusados o investigados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno… entre 1980 y 2000”, ordena la liberación de condenados… mayores de 70 años… excluye a los que hayan cometido terrorismo o corrupción”.
La Constitución permite al Congreso otorgar “amnistía” aunque debe hacerse dentro de las normas y compromisos asumidos por el Estado con la Comisión Americana de Derechos Humanos y los organismos internacionales.
Esta ley afecta 156 casos con sentencia y 600 procesos en curso como señala la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y es una “afrenta a los miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantía de no repetición, no impunidad” como manifestó Volker Türk, alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante el conflicto armado la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) estableció 69,280 muertes y si bien el principal responsable fue Sendero Luminoso, los procesos a fuerzas del orden por asesinatos, desapariciones, violaciones y otros delitos no son persecución sino búsqueda de verdad y justicia.
Las amnistías se dan para mejorar la convivencia y cohesionar el proyecto país, no para la impunidad. El conocimiento de la verdad y la sanción de los delitos permite sanar heridas y reconstruir el país.
Esta ley es impunidad y da el primer paso para una “amnistía” futura de los responsables de más de 50 asesinatos el 2022 y 2023 durante este gobierno, incluida la presidenta.
