La noche del pasado viernes se realizó la actualización del estado de emergencia en Lima y Callao y esto refleja la urgencia oficial de dar una respuesta más sofisticada ante la ola de criminalidad.
El DS 127-2025-PCM agrega puntos necesarios al DS 124-2025-PCM y, por fin, suma coordinación real entre distintos niveles de gobierno, apuesta por inteligencia tecnológica, fiscalización, incentivos a los agentes y una estrategia comunicacional, ya no solo deja el control de todo a la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esperemos que articulación refuerce el combate contra mafias y extorsión. Sin embargo, la realidad es implacable: ni las patrullas triplicadas ni las videovigilancias ni el despliegue de las Fuerzas Armadas y mucho menos la represión han logrado poner coto al avance de la violencia.
Las cifras son elocuentes: cada día se reportan asesinatos en Lima y Callao, la extorsión y el sicariato rompen récords de denuncias y casi toda actividad comercian en la capital y el primer puerto siguen atacadas por bandas criminales.
Lo más preocupante de todo es que decretar un estado de emergencia se ha convertido en rutina nacional: se replica sin mejoras verificables. Ojalá que con esta última actualización se logren hechos concretos y empecemos a salir de esta espiral criminal que nos tiene a todos secuestrados.
