Durante años, el Perú ha sido promocionado como un país confiable para la inversión privada, gracias a su estabilidad macroeconómica y un marco legal moderno. Sin embargo, desde la casuística de los proyectos de infraestructura, vale la pena preguntarse qué tan sólida es esa estabilidad jurídica cuando el propio Estado incumple sus compromisos y no logra garantizar continuidad en la ejecución de los proyectos.
Si tomamos el informe más reciente de la Contraloría revela que existen 1,235 proyectos de infraestructura paralizados, con una inversión comprometida de S/ 38,943 millones. De ese total, casi S/ 30,000 millones están inmovilizados por tres causas estructurales: incumplimiento de contrato, controversias legales y falta de pago de valorizaciones. Es decir, no por factores externos, sino por deficiencias del propio aparato público, incapaz de gestionar eficientemente contratos complejos.
¿Podemos seguir hablando de estabilidad jurídica si el Estado no cumple lo que firma? La verdadera seguridad para el inversionista no está solo en la norma, sino en la capacidad institucional para hacerla valer.
Las paralizaciones no se resolverán con más decretos o digitalización de trámites. Se necesita una reforma profunda del Estado como gestor de infraestructura: con personal técnico, procesos claros y organismos con autonomía real y profesionalismo sostenido.
La narrativa de estabilidad jurídica se valida en la práctica. De lo contrario, pierde legitimidad y mina la confianza de los actores que el país más necesita para cerrar sus brechas: los que invierten a largo plazo, apuestan por el desarrollo y exigen responsabilidad estatal.
La estabilidad jurídica no es un eslogan: se defiende en la cancha.
