La gravedad de la crisis política agravada por disturbios en las calles, carreteras, con muchas personas heridas, fallecidas, daños a la propiedad pública y privada es promovida en su mayoría por narcotraficantes, mineros informales como apologistas al terrorismo que defienden su espacio de poder. A todo lo anterior se suma la posición de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México que desconocen el fallido golpe del expresidente Pedro Castillo y sus consecuencias, apoyando la convocatoria inmediata a elecciones generales para luego instalar una asamblea constituyente. Es el socialismo del siglo XXI a la carta.

El enfrentamiento es entre el Estado formal contra el Estado informal. El primero es una superestructura débil que no cubre todo el territorio nacional. El segundo funciona a vista y paciencia del anterior, además de ilegal y en los últimos años tiene operadores políticos en el Congreso. El final de la crisis será el triunfo de uno de ellos. El escenario descrito es más complejo si al Estado informal sumamos el 70% de ciudadanos que practican una economía paralela, emprendedora, versátil y resiliente que brinda empleo pero sin derechos laborales; en cambio, el Estado formal está compuesto por el 30% de ciudadanos que pagan impuestos y bajo el imperio del Derecho. Su punto de encuentro se produce durante los comicios generales, cuando el Estado informal que no tributa acaba en la segunda vuelta decidiendo la elección del próximo jefe de Estado. Por eso, la complejidad de la crisis complica las posibilidades de diálogo, pues, ninguna parte querrá perder su espacio de poder.