La politización del Ministerio Público ha llegado a niveles alarmantes. La semana pasada, la fiscal de la Nación presentó una acusación constitucional contra once congresistas por supuesta negociación incompatible en perjuicio del Estado, que se basa en la aprobación de un proyecto de ley que permite a miembros retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía recibir pensión de jubilación y remuneración.
Lo curioso es que la denuncia surge a raíz de una investigación de IDL Reporteros, canalizada y adoptada por la fiscal de la Nación. Sin embargo, esto revela desconocimiento sobre la diferencia entre pensión y remuneración, ignorando un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Esto no hace más que evidenciar la presumible injerencia de una ONG que opera con fondos de USAID y Open Society, en el sistema de justicia.
Esta situación delata el escaso entendimiento de la jurisprudencia y de las competencias exclusivas y excluyentes de los congresistas frente a la voluntad de sus votos. La vulnerabilidad de una institución clave del Estado de derecho es preocupante, ya que se instrumentaliza el aparato de justicia como brazo persecutor con fines de amedrentamiento político.
El Ministerio Público ha cambiado su postura y ahora esgrime que la acusación forma parte de una estrategia para debatir públicamente el tema de la doble remuneración. ¡Increíble!
Este contexto debe hacernos reflexionar sobre la urgente necesidad de una reforma integral del sistema de justicia para evitar este tipo de injerencias que ponen en riesgo la democracia y la gobernabilidad.
