La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer en el cargo de fiscal de la nación a Patricia Benavides Vargas ahonda más de la crisis institucional que sufre el país desde hace casi una década.El Ministerio Público ya tiene una fiscal de la nación, Delia Espinoza, y ella fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos. No pueden coexistir dos fiscales de la nación, pero tampoco pueden no acatar la Resolución n.° 231-2025-JNJ que ha declarado la nulidad del Procedimiento Disciplinario Ordinario n.º 001-2024-JNJ que destituyó a Benavides Vargas por remover a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por presuntamente liberar a narcotraficantes a cambio de dinero.El problema es que todo este enredo genera inestabilidad. El caso de Benavides Vargas merece una evaluación más rigurosa, porque sí removió a la fiscal Revilla y la misma resolución de la Junta indica que la investigación debe continuar respetando el debido proceso. Lo que ha hecho la nueva JNJ no es absolverla, sino ordenar una nueva pesquisa pues determinó que la instructora previa, la exmagistrada Inés Tello, no fue imparcial y “aceleró inusitadamente” el proceso que terminó con la destitución de Benavides Vargas antes de que ella misma sea destituida por el Congreso. Estamos pues, ante un fallo del debido proceso y si quienes están a cargo de hacer cumplir la ley no pueden respetarlo, entonces el problema es más grave de lo que parece.