Si hasta el momento las prefecturas y subprefecturas siguen existiendo dentro del aparato estatal es porque a ninguna bancada en el Congreso le conviene que desaparezcan estos organismos fantasmales que cada cierto tiempo hacen noticia solo porque son utilizados políticamente por quienes se encuentran en el poder. En los últimos años lo vimos durante el mandato de Pedro Castillo y más tarde en la administración de Dina Boluarte que parece haber entregado esas dependencias a la presunta organización “Los waykis en la sombra”.

El Comercio ha publicado ayer que según el Ministerio Público, la ciudadana Violeta Ruiz Sánchez habría presentado certificados de trabajo falsos para acceder a una subprefectura en Cajamarca, nombramiento atribuido a la red de Nicanor Boluarte, el hermano de la jefa de Estado que anda metido en líos por la absurda obsesión de formar un partido político cuando sabe que ni la actual mandataria ni él tendrían una votación relevante si se presentan a algún cargo público en el futuro.

Este caso es uno de los tantos de uso político de las prefecturas y subprefecturas que hace tiempo debieron llevar a que sean eliminadas, pues entre gobernadores regionales, alcaldes y jefes policiales podrían cumplir las funciones de estos personajes. ¿Alguien sabe, por ejemplo, quién es el prefecto de Lima y qué trabajo realiza? Solo aparecen de vez en cuando en alguna que otra ceremonia pública con vistosas bandas en el pecho o chalecos con sus nombres bordados, por lo cual cobran un sueldo y cuentan con locales que todos pagamos.

A ningún gobierno ni a las bancadas en el Congreso con posibilidades de llegar al poder les conviene eliminarlas, pues prefecturas y subprefecturas son siempre “agencias de empleo” u objeto de “cuoteo partidario”, o aparatos de “movilización” como ocurría en tiempos de Castillo, en que estos estatales eran traídos a Lima y formados en el patio de la sede del Poder Ejecutivo para dar la impresión de que el entonces presidente siempre en riesgo de ser vacado, contaba con respaldo “desde el interior”.

Desaparecer prefecturas y subprefecturas permitiría eliminar grandes focos de corrupción en el Estado, y de paso se generaría un ahorro importante que podría ser destinado a mejorar comisarías y sedes policiales encargadas de luchar contra la criminalidad. Además, un Estado moderno no necesita de “representantes del presidente de la república” en provincias y distritos, cuando existe una ley que permite al jefe de Estado despachar, incluso, desde otro país sin un vicepresidente encargado. ¿Alguien se atreverá a hacerlo?