El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma (2006-2019), se ha desnudado completamente en su actitud vengativa. La evidente e incontrastable persecución política contra la expresidenta, Jeanine Añez, debe ser condenada en todos sus extremos. En efecto, la entonces mandataria, que asumió el poder luego de la inevitable renuncia de Morales, que se vio escandalosamente descubierto en un fraude electoral que consumó con el único objetivo de perpetuarse en la presidencia de su país, ha sido detenida y deposita entre rejas, junto a dos de sus exministros, bajo la imputación de sedición, terrorismo y conspiración.

Está claro que Evo se la tenía jurada a quien asumió la jefatura del Estado -era presidenta del Senado- cuando él iniciaba el camino de su exilio, primero en México, donde permaneció por poco tiempo, y luego en Argentina que, apenas producida la victoria de Alberto Fernández, la convirtió en su estratégico cuartel general para preparar su retorno al país que consiguió luego de fungir como jefe de campaña de su monaguillo Luis Arce que ganó las elecciones en octubre de 2020. La cacería de brujas contra Añez expresa la mofa política de Evo sobre el informe de la OEA, que calificó de fraudulento el proceso electoral boliviano.

Corresponde que el mayor foro político del continente se pronuncie frente a la reciente maliciosa y abusiva medida judicial en manos de Evo, el verdadero poder en Bolivia, que con aires de despechado, sostiene que un golpe de Estado lo defenestró del poder. Mientras Luis Arce queda reducido a la condición de títere de Morales, al continente corresponde alzar la voz contra la medida represiva. Añez, que no es santa de mi devoción, es verdad que cometió errores políticos imperdonables como querer candidatear a la presidencia cuando la naturaleza de su cargo era eminentemente transitoria; sin embargo, tamaño error político no justifica su encarcelamiento.

Es verdad que hay expresidentes en la región que han sido detenidos y condenados por corrupción, pero lo de Añez, sin que los referidos delitos imputados sean ninguneados, francamente se ve muy forzado. América, y sobretodo el Perú, como país vecino y hermano, deberían condenar la medida represiva y exigir respeto por el debido proceso.