Si los problemas que atravesamos como comunidad política se resolvieran solamente con modificaciones al derecho positivo, la gravedad de la crisis sería resuelta tras su aplicación. El contenido de la Constitución peruana de 1993 es la síntesis de un largo proceso que se resume en cuatro etapas: consolidación de la independencia, pugna entre liberales y conservadores, el tránsito formal hacia un estado social y la internacionalización de los derechos humanos. Todas sus disposiciones son parte de una evolución que tiene una raíz y explicación en nuestra historia republicana. Por eso, proponer reformas constitucionales sin reparar que han tenido antecedentes de ensayo-error en la historia de nuestros textos constitucionales, será más de lo mismo. Como también plantear temerarias fórmulas de solución, como fue la no reelección inmediata de congresistas.

No cabe duda que existe la necesidad de realizar ajustes a las nefastas reformas legales y constitucionales que datan desde la campaña de 2016; especialmente, las prácticas que realizan los personeros durante el escrutinio para anular las actas de las mesas electorales donde pierden. También resulta importante corregir las reformas vizcarristas: el error de impedir la reelección inmediata de congresistas, recuperar su inmunidad parlamentaria y derogar el paquete de reformas al sistema político y electoral. Los cambios a largo plazo dependerán de la voluntad política de cimentar un estado de derecho que garantice la igualdad y seguridad jurídica para alcanzar la institucionalidad, siempre acompañadas de paciencia, tolerancia y empeño. Una receta más cercana a la persona como animal político (zoon politikón), que sólo proponer una fórmula jurídico-positiva.