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Desde fines del 2016 y comienzos del 2017, el Ministerio Público en coordinación con la Policía de Crimen Organizado despliega una serie de operativos en contra de grupos formados para delinquir en base al chantaje y extorsión, en especial, en el sector Construcción.

Prueba de ello es aquella intervención de la madrugada del 4 de abril del 2017, cuando cerca de 762 efectivos policiales y 70 fiscales especializados en crimen organizado implementaron el megaoperativo “Alud 2017”, que ayudó a la desarticulación de la organización criminal más peligrosa del sur de Lima y la captura de 37 de sus integrantes.

Estaba sindicado como cabecilla de la organización, Jorge Antonio Anable Palacios, "Ruco", dirigente de un sindicato de construcción civil de la zona, en coordinación con el alcalde de Chilca, Richard Ramos Ávalos.

Esa detención marcó el inicio de una serie de exitosas intervenciones para desterrar actos delincuenciales que ocurrían en dicho sector y que eran conocidos por todos, empero las víctimas, por el temor de ser agredidas, preferían callar. Un sistema impuesto por malos dirigentes en Lima, Norte, Centro y Sur del país para sacar provecho propio; sin embargo, gracias a la denuncia de algunos, poco a poco se descubren mafias que operaban en el territorio nacional.

El golpe dado por el MP y PNP en Arequipa y Puno a un grupo de dirigentes es clara muestra de que persiste este modus operandi para delinquir, y se espera que las investigaciones ayuden a determinar la responsabilidad o inocencia de los detenidos. Algunos califican estas detenciones como persecución política, pero la justicia tiene la última palabra y hay que dejarla trabajar de manera independiente.

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