Desde hace algunos días me preguntan por las marchas contra el gobierno: ¿es el final de las manifestaciones? Por ahora hay un extraño silencio producto de una estrategia política para desinflar las movilizaciones, las mismas que han dado resultado al revelar quiénes son los financistas y endurecer las sanciones contra quienes incumplen la ley. ¿Habrá contraofensiva?

Como si se tratase de una olla a presión, las protestas han entrado a una fase de tregua involuntaria, lo que, extrañamente, coincide con la paseada del Congreso de patear el adelanto de elecciones y llevarlo a la congeladora. No ha habido reacción de parte de los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, lo que levanta la ceja de cualquiera.

El Congreso despilfarrador, revelado por Cuarto Poder, tuvo más reacciones en los medios de comunicación que en quienes piden el cierre de este poder del Estado. Lo mismo pasó cuando abordaron el tema de las elecciones para el 2023, que finalmente fue desechado. Ni marchas ni protestas ni carteles por la avenida Abancay. ¿Raro no?

A diferencia de Puno, el resto de regiones, aparentemente, han retornado a la normalidad. Hasta los carnavales volvieron a Cajamarca, la tierra del inefable Pedro Castillo, como dándole vuelta a la página. Los bloqueos en La Libertad se disiparon, Arequipa no llegó a levantarse y Cusco comienza a reactivar el turismo de a pocos.

Las protestas siempre son de largo aliento: no obtiene lo que quiere quien se muestra más fuerte, sino quien las sostiene en el tiempo. En este caso, poner al descubierto a quienes aportaban para las manifestaciones y mandar a prisión preventiva a los generadores de actos delincuenciales están dando sus frutos. Sin embargo, el gobierno tiene una tarea pendiente: sancionar a quienes mataron a nuestros compatriotas.

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