El miércoles último los peruanos hemos visto a la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur siendo llevada a un penal por agentes de la Policía Nacional luego que se le dictada prisión preventiva por sus nexos con Andrés Hurtado “Chibolín”, mientras que en Piura, otra integrante del Ministerio Público, la fiscal provincial adjunta Carla Salazar Gómez, era arrestada por haberse robado en el aeropuerto de Lima un morral con dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que alguien dejó olvidado en una sala de espera.
Estos dos hechos han sucedido en un mismo día, y si no sirven para que la Fiscalía del Nación, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso se den cuenta que el Ministerio Público está podrido por estos casos y otros más que son de conocimiento de todos los peruanos, y que hacen falta cambios urgentes, entonces mejor admitan públicamente que son cómplices de estos magistrados que son una verdadera vergüenza y un peligro en la lucha contra el delito, especialmente la corrupción y la violencia callejera.
No olvidemos que los cuestionamientos al Ministerio Público no vienen de ahora, a raíz de los casos de Peralta Santur y Salazar Gómez. Allí están Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez y Marita Barreto, todos tan mediáticos como politizados, pero que a la hora de ofrecer resultados contra la manga de corruptos que hemos tenido en el poder, para desgracia de los peruanos, nada de nada. Incluso la señora ha sido suspendida de sus funciones en medio de un gran escándalo.
También están todos aquellos fiscales dedicados a soltar delincuentes una vez que caen en manos de la Policía Nacional. Acaba de salir a la luz a través del dominical Punto Final, el caso de los seis secuestradores del empresario cevichero Paulo Huansi, quienes están a punto de salir libres debido a una inacción del Ministerio Público ante el vencimiento del plazo de la prisión preventiva dictada contra estos delincuentes capturados en una casa de San Martín de Porres, donde retenían al cautivo que había sido torturado.
Jamás se podrá poner freno a la corrupción y a la delincuencia callejera con fiscales como los mencionados, que hace tiempo tendrían que estar en sus casas o, en algunos casos, tras las rejas. El gran problema es que las entidades llamadas por ley a cambiar las cosas o por lo menos hacer más eficientes los procesos de selección de nuevos magistrados y ratificación de los que ya están en funciones, miran a otro lado y no mueven un dedo, lo que deja en claro que están de espaldas al ciudadano y a sus problemas.
