Hace algunos días, un nuevo rush de declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva renovaron la serie de denuncias que existen contra una serie de fiscales considerados intocables y que, pese a ello, siguen como si nada pasara en el Ministerio Público. Las revelaciones de Villanueva se dieron a conocer en diciembre del año pasado con la acusación de que Patricia Benavides, entonces fiscal de la Nación, había coordinado con algunos congresistas un intercambio de favores. Allí muchos validaron y aplaudieron su denuncia. Ello motivó la inmediata intervención de la JNJ, que suspendió a Benavides por 6 meses el 6 de diciembre. Por otro caso, luego, la destituyó. Pero Villanueva ha denunciado, también, componendas, arreglos, sometimientos e intercambio de favores entre fiscales como Rafael Vela Barba (le dio información a Gustavo Gorriti para cercar a Alan García), José Domingo Pérez (permitió que Gorriti dirigiera el Caso Cocteles) y Pablo Sánchez (archivó el Caso Chinchero para favorecer a Martín Vizcarra), entre otras graves acusaciones, pero en las que destaca la obsecuencia hacia el periodista del IDL, esbozado por Villanueva como el titiritero mayor de la Fiscalía y el oscuro mentor de estos fraudulentos fiscales. En febrero de este año, la JNJ inició contra estos magistrados investigaciones preliminares que hasta ahora no tienen ningún resultado como tampoco lo tiene la pesquisa abierta por el fiscal Alcides Chinchay en el mes de marzo. Va a acabar el año y este intolerable manto de protección no debería mantenerse con la nueva JNJ y con la flamante gestión de Delia Espinoza. Es hora de limpiar el nauseabundo Ministerio Público.
