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A estas alturas, con las oscuras ramificaciones del escándalo de los audios que involucran a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), no existe ninguna razón para que estos no sean exhibidos en su totalidad. ¿A qué apuntamos? A que la Fiscalía desclasifique todas las escuchas que tengan interés público y que estas sean colocadas en un sitio web para que, en general, políticos, periodistas y ciudadanos accedan a una información que carezca de filtros, matices o selecciones subjetivas. Debería ser la última gran decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y un valioso cierre de gestión asentado en un necesario acto de transparencia. Si la reserva del proceso está quebrada, ¿qué sentido tiene preservar en los archivos actos ilícitos relevantes para la sociedad? Lo contrario es más bien nocivo, lo que puede dejar la sensación de que el gran titiritero detrás de esta sórdida tragicomedia eligió con un claro matiz político protagonistas, momentos y conversaciones. Abramos todo, levantemos las cortinas, descubramos la miasma completa y no solo aquella que -¿casualmente?- enloda únicamente a los enemigos de siempre. El gesto solo coadyuvará a definir los límites monumentales de la verdad, a despejar el horizonte contaminado de dudas, a otorgarle a la revelación su sello de legitimidad. La Fiscalía, señor Sánchez, tiene la última palabra.