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En el 2013, cinco bancadas parlamentarias negociaron bajo la mesa las diez plazas para la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional (TC) y el BCR. Tal elección fue denominada “la repartija” por la ciudadanía, que logró, tras serias protestas sociales, revertir la decisión tomada por el Congreso.

Esta actuación se repite hoy en el Parlamento. Mediante un proceso plagado de vicios e irregularidades, se pretende elegir a los candidatos para el Tribunal Constitucional: en solo 30 minutos se reciben las propuestas, se selecciona y evalúa a los candidatos a magistrados del TC. Increíble pero cierto.

La Ley Orgánica del TC establece que la Comisión Especial encargada de seleccionar y evaluar a estos magistrados debe estar compuesta por un máximo de 9 miembros. Pese a ello, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se ha autonombrado como el integrante N° 10 en calidad de “presidente supernumerario” de la Comisión, figura inexistente en las leyes que regulan este procedimiento; además, llegando a proponer candidatos al TC, por lo que se arroga una facultad que ninguna norma le concede.

Asimismo, se ha elegido a supuestos candidatos para ocupar una plaza en el TC. De este modo, se ignora, hasta hoy, si los propuestos aceptan tal responsabilidad, pues nunca se les cursó invitaciones ni tampoco hemos recibido su aceptación a postular.

Por todo ello, la Bancada de Nuevo Perú y otras cuatro bancadas hemos solicitado la nulidad de este procedimiento; ya que se no cumplen los requisitos mínimos para elegir a estas altas autoridades que tienen una enorme responsabilidad en el sistema de justicia y el control constitucional.

Con este proceso velocísimo y sin transparencia ni legalidad, se pretendería copar el TC para garantizar la impunidad de los involucrados en el caso “Lava Jato”. Estamos advertidos.