Ya verán lo bueno que será, para el resto del país, meter presa a Karencita, entorno y compañía, por grabarle al buenote de mí y su presidente (aunque también se haya grabado a sí misma) y por probar lo que ya todos sabemos que ocurre en todas partes y en todo nivel: la repartija de puestos públicos a parientes y amigos. Igual que con Vladimiro, tendremos que agradecerle la manía de grabar “porque algún día puede servir, nunca se sabe”.

Digo que será bueno porque recuerdo el antes y después del caso Zaraí. Desde que ese presidente de la República se metió en tremendo lío por negarse a reconocer a su hija, las cosas cambiaron mucho en las cortes de justicia.

Se acabaron los favores para pasear a miles de madres e hijos de irresponsables que les negaban el nombre y la manutención. La difusión y debate que tuvo el caso Zaraí cambió la mentalidad de litigantes, jueces y opinión pública.

Eso es lo que debiera suceder como resultado de este caso. En nuestra cultura debe irse fijando que ganar una elección o una designación en el terreno público no es sacarse la lotería para hacer y deshacer con el dinero de los contribuyentes.

Que asumir la función pública no es exactamente un privilegio para acabar con la pobreza de la familia y los amigos. Que, por el contrario, impone muchas restricciones y agrega agravantes en la conducta, en comparación con la libertad de las actividades de quien trabaja en el sector privado. Ocurre en ministerios, direcciones regionales, gobiernos regionales y municipalidades.

Todos somos testigos de cómo el estándar de vida y el patrimonio del funcionario, hermanos, primos, amantes, testaferros, etc., cambia y comienza a crecer. De la noche a la mañana todos tienen empleo, ganan obras de construcción y licitaciones. El costo de cometer un delito tiene que ser más grande que el beneficio, sólo así se desalienta.