El acceso a la energía es un derecho fundamental y una herramienta clave para el desarrollo. Sin embargo, en el Perú, 1.7 millones de hogares enfrentan pobreza energética, limitando su acceso a servicios básicos como iluminación, cocina y calefacción. Esto no solo afecta la calidad de vida de miles de familias, sino que también frena el crecimiento del país.
Según Centrum PUCP, si no se modifican las políticas energéticas, la pobreza energética aumentará del 21.5% al 24.2% para 2030. Las familias en pobreza extrema son las más afectadas, pues destinan un alto porcentaje de sus ingresos a fuentes de energía costosas e ineficientes.
Ante este desafío, la masificación del gas natural surge como una solución. Es una alternativa segura y económica que podría reducir significativamente la pobreza energética. Gracias a inversiones privadas, se han construido más de 20,000 km de redes de distribución con más de 2,000 millones de dólares. Sin embargo, aún existen regiones sin acceso a esta infraestructura.
El Estado ha implementado programas como el FISE, que hasta enero de 2025 ha destinado S/ 2,090 millones al “Vale de Descuento de GLP”, beneficiando a 1.2 millones de personas. Además, se han invertido S/ 1.6 millones en “Bonogas” y S/ 1,424 millones en programas de electricidad. No obstante, se requiere impulsar concesiones de distribución de gas en regiones no cubiertas
Para lograr una equidad energética efectiva, es clave modernizar el marco regulatorio y facilitar inversiones sin comprometer la estabilidad jurídica ni la sostenibilidad ambiental. La articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil es fundamental.
Eliminar la pobreza energética en el Perú es un objetivo alcanzable, si se impulsa una inversión estratégica, una regulación inteligente y soluciones multidimensionales. Solo así lograremos que la energía sea un derecho, no un privilegio.
