El confinamiento para atenuar la expansión del coronavirus ha dado lugar, como es lógico, a una especial atención mediática informando a la población las medidas tomadas por el gobierno para impedir la interrupción de la cadena de pagos, la continuidad para atender servicios mínimos, impulso a la educación virtual, así como cuidado a las personas con emergencia sanitaria, desempleados o en evidente vulnerabilidad. En esta coyuntura, la cobertura periodística entrevista a diversos especialistas médicos, ministros, cubre las conferencias de prensa del gobierno, pero la casi ausente opinión de los congresistas llama la atención, siendo la voz de sus representados en todo el país.

En una democracia representativa, las irregularidades producidas al momento de afrontar la pandemia deberían liderarse por los políticos en las redes sociales y en contacto con los ciudadanos. Si el recinto congresal se encuentra inoperativo por razones sanitarias, la representación política puede ejercerse en todo momento y lugar. Los portavoces de cada grupo parlamentario deben abrirse espacio en los medios para controlar las acciones del gobierno, fiscalizando el gasto público bajo un estado de emergencia, como lo ocurrido con la compra de respiradores inoperativos, mascarillas compradas que no llegaron y pruebas moleculares todavía sin adquirir del extranjero.

La declaración de un régimen de excepción fue concomitante con la instalación del Congreso, su nueva composición carece de experiencia, es decir, sin horas de gimnasia parlamentaria, para organizar su trabajo como bancada virtual. La labor de la oposición simboliza un gobierno democrático, no es obstrucción sino poner en práctica la dinámica política bajo la separación de poderes. Es cierto que vivimos un problema que descansa en las acciones que debe implementar el ejecutivo con rapidez, pero la voz de nuestros congresistas es importante para que la ayuda llegue a las regiones que representan.