Quedará para los científicos sociales e historiadores analizar en el futuro el por qué se considera ilegítimo el proceso de la vacancia cuando puso en la presidencia de la república a Merino, pero ya no lo es cuando lo puso a Sagasti. Lo cierto es que –tal como lo dispone la Constitución– el presidente investido mediante este especial proceso parlamentario tienen un mandato cuya naturaleza es ser una transición con el nuevo gobierno que surja del mandato popular, dada su obligación de convocar “de inmediato” a elecciones (Art. 115° de la Constitución).

Siendo un gobierno transitorio es de consenso pensar que sus esfuerzos se debieron concentrar en tres temas urgentes y prioritarios: (1) Garantizar que las elecciones generales se realicen de forma limpia y transparente; (2) Ejecutar, con la mayor eficiencia y eficacia, las acciones gubernamentales de control de la pandemia; y (3) Paliar los tremendos efectos nocivos que han repercutido en las familias y en las Pymes, causados por la crisis económica que la pandemia ha generado.

Sin embargo, el gobierno de Sagasti ha desconocido su mandato y, desviando sus objetivos, anunció una reestructuración de la PNP, acompañado de un controvertido (e ilegal a decir de la propia DdP) pase a retiro de la alta oficialidad, e imponiendo como jefe a un oficial ubicado en un bajo puesto del escalafón.

¿Tiene el presiente Sagasti un mandato legítimo para llevar a cabo una reestructuración policial sacada del Plan de Gobierno 2016-2021 del Partido Morado ()? ¿Acaso una “bola de cristal” ya le vaticinó que su partido ganará las elecciones, así que es mejor ir adelantándose con sus políticas? Por lo pronto, lo que evidencia más bien, es que, dada su condición actual de presidente-candidato (en la fórmula presidencial del PM) la limpieza y transparencia de las elecciones se encuentran seriamente cuestionadas.

En tanto, la grave crisis institucional de la PNP enervada por la ilegítima e inoportuna reestructuración policial anunciada, ha contribuido a la exacerbación de la protesta social; unas con causa legítima, otras de naturaleza oportunista, la mayoría infiltradas por elementos sediciosos que incitan a la violencia con el único afán de hacer colapsar al Estado republicano y al sistema democrático. Estamos, lamentablemente, ante un gobierno de transición sin rumbo.