A días de elegir nuestros gobernantes para los próximos cinco años, el panorama político está fragmentado. No se perfila un ganador claro, sino que un pelotón pugna por su pase a segunda vuelta. Los debates han mostrado candidatos en un festival de promesas, salvo dos o tres excepciones con propuestas ante la emergencia sanitaria y económica, diciendo cuánto y cómo gastar, pero también cómo financiar ese gasto necesario.
La fragmentación política resultará en un Congreso de minibancadas, dificultando lograr acuerdos políticos válidos y duraderos, y en un gobierno debilitado enfrentando correlaciones precarias. Se requerirá construir acuerdos políticos. El próximo gobierno está obligado a convocar a la más amplia unidad, incorporando a los programáticamente cercanos, afines y no tanto, bajo reglas democráticas para tomar decisiones pensando en el país y las mayorías.
El Estado requiere intervenir de manera más decisiva en la economía y la política. Su actual condición marginal agrava la crisis que vivimos, el desorden y caos en la atención de salud, en la vacunación lo muestran. Hoy, una voz mayoritaria reclama un cambio radical, planificar, actuar, construir ciudadanía y derechos. Exigir cumplimiento de obligaciones, es obligación del Estado y su gobierno.
Planteamos construir un gobierno de unidad con fundamento y respeto por el ejercicio democrático, con representación popular, poniendo freno al autoritarismo y, sobre todo, desarrollando la inclusión y el ejercicio de los derechos ciudadanos sobre la base de una mejor y más equitativa distribución del ingreso.
Una candidatura con ese perfil es la de Juntos por el Perú con Verónika Mendoza. Es inmensa la tarea que se enfrenta: resolver la crisis sanitaria y económica a puertas de nuestro bicentenario.
