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Finalizando la Cumbre de las Américas se emitió una declaración con 57 compromisos sobre combate a la corrupción, gobernabilidad democrática, transparencia y libertad de expresión, financiamiento de partidos, cooperación jurídica internacional, mecanismos interamericanos anticorrupción y seguimiento e informes.

Una lista de buenas intenciones, reconociendo la penetración de la corrupción en los gobiernos en América, aunque no cuestionan (¡cómo podrían con los asistentes!) el modelo económico ni, sobre todo, la creciente privatización del Estado en los contratos con empresarios para la realización de obras públicas.

Argumentando la necesidad de acelerar las obras públicas, reemplazan las licitaciones y concursos con estudios definitivos para hacerlo con perfiles; así, la valorización final de la obra se determina sobre la propuesta de los constructores con el visto bueno y aprobación de los supervisores y la entidad concedente, muchas veces con “coimas” de por medio.

En las licitaciones con estudios definitivos, el costo final de la obra variaba hasta un 15% por situaciones imprevistas, mientras que con la modalidad de precios referenciales se multiplica 4 ó 5 veces, habiéndose recurrido a la práctica perversa y corrupta de las llamadas “adendas” o modificaciones contractuales.

Los 57 compromisos firmados han evadido uno importante y decisivo: que licitaciones y concursos sean en base a estudios definitivos y no solo perfiles, que las “adendas” sean las excepciones y no la norma.