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En el caso "Lava Jato"-Perú si hay una verdad, es que se coludieron empresarios y funcionarios públicos para obtener beneficios particulares en perjuicio del Estado; se investiga también aportes de campaña. Dicho caso se ha desarrollado en dos escenarios: uno el Fiscal-Judicial y otro el mediático, con copiosa e ilegal filtración de información reservada, obedeciendo a una estrategia: conseguir la aprobación de la opinión pública posicionando la idea “asistimos al fin de la impunidad para los poderosos”, polarizar y sembrar odios, con el objeto de allanar el camino a la arbitrariedad de las prisiones preventivas dirigidas contra enemigos políticos. El grupo especial "Lava Jato" cuenta con el apoyo de la corrupta Odebrecht al propiciar el polémico acuerdo con la citada empresa, además del presidente de la República, medios de prensa, de la fiscal de la Nación, opinión pública y Poder Judicial al permitir el uso indebido de la prisión preventiva como herramienta de coacción. No obstante, sus logros, ¿están a la altura? Esta semana hemos asistido a una infame realidad, los señores Luyo y Cuba del gobierno aprista son liberados al vencer el plazo de su prisión preventiva; contra Humala solo hay acusación fiscal por aportes de campaña; del gobierno de Toledo, el mencionado es el único detenido por la justicia de otro país; del actual régimen, un expremier tiene trato preferente. Lo más vergonzoso es que según los términos del acuerdo con Odebrecht, una juez dispone el pago de 524 millones de soles por la venta de Chaglla. ¿Qué empresario vinculado al caso "Lava Jato" tiene prisión preventiva? Existe una innegable asimetría en el trato de unos respecto de otros, lo que se evidencia con la execrable prisión preventiva de Keiko. Se ha polarizado al país entre odiadores del fujimorismo y simpatizantes. La última versión de ese odio se personifica en un magistrado del Tribunal Constitucional, influenciado por un “paginazo” pide que se incorpore en hábeas corpus de Keiko, declaración no corroborada de un testigo, lo cual expresa adelanto de opinión y posible votación en contra, situación triste para la justicia de nuestro país.