Una guerra anunciada en Trujillo se ha desatado por la hegemonía del hampa. No es la primera vez que ocurre un derramamiento de sangre en esta ciudad, pero nunca se había perpetrado un ataque con dinamita, que no es poca cosa, sino a balazos. La pregunta es de dónde las bandas obtienen ese material explosivo, y la respuesta está en la minería informal, un sector que está copado por el crimen organizado.
La avenida Perú, lugar donde se ejecutó este plan macabro, inicia apenas a diez minutos caminando desde la plaza de armas de Trujillo, una de las ciudades más importantes del país, con un PBI superior al resto de regiones, a excepción de Lima. No estamos hablando de Pataz, provincia ubicada a 25 horas de distancia en auto. Es decir, nos referimos a una jurisdicción con recursos económicos.
No se trata de impartir leyes más duras contra los criminales, como tampoco pasa por ingresar casa por casa para sacar a los bandidos, menos apoyar la conformación de un escuadrón de la muerte que limpie las calles a plomazos. Esto ocurre por la ausencia del Estado en décadas en las zonas más deprimidas de la provincia de Trujillo, como los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora.
¿Qué alternativas tienen los jóvenes y adolescentes de esas zonas? Ofrecerles empleo, pero formal. Muchos trabajan en industria metalmecánica y de calzado, pero en la informalidad. No tienen seguro, no están en planilla, no gozan de derechos; por lo tanto, sienten que si generan ingresos es por ellos mismos y no porque el Estado los apoya. Una intervención en ese sentido ayudaría a integrar a los buenos muchachos.
