En el Perú, la población económicamente activa asciende a más de 17 millones de personas. De ellas, 5 millones pertenecen al sector formal y de este volumen, aproximadamente 1,4 millones prestan sus servicios en el sector público. Si la abultada cantidad de servidores públicos no resulta suficiente para atender los asuntos propios de cada entidad, éstas deben echar mano a “consultores” que les den luces de lo que se debe hacer y cómo. Las “consultorías” se entienden entonces, como los servicios profesionales, especializados y temporales que ofrecen empresas o personas naturales para “asesorar”, en el caso del servicio público, a los gobiernos y a sus dependencias en el diseño de políticas públicas o proyectos que no puedan atender por sus propios medios.

Todos esperaríamos que las contrataciones públicas, incluyendo las consultorías, fueran siempre transparentes, sin embargo, informes de la Contraloría General de la Republica dan cuenta que al 2021, las contrataciones públicas en el Perú ascendieron a S/. 48,751 millones (25% del gasto total del gobierno). De este monto, se ejecutaron cerca de S/. 14,500 millones (30% del total de las contrataciones) a través de pequeñas “consultorías” por debajo de las 8 UIT (S/. 35,200 al 2021) es decir, contrataciones libres de concurso público, pluralidad de postores e incluso publicidad, utilizando para ello 3,5 millones de órdenes de servicio. De esta masa de contrataciones “libres”, la Contraloría detectó que el 10% de proveedores acumularon casi el 50% del monto total contratado y superaron individual y largamente, con más de una orden de servicio, las 8 UIT contratadas en una sola entidad; es decir, un indicio más que razonable y claro del uso indebido de fraccionamiento o direccionamiento de pagos a un mismo postor.

Cincuentaicinco años antes de Cristo, Cicerón reclamaba el “equilibrio del presupuesto público” y la “disminución de la arrogancia de sus funcionarios” para evitar la quiebra de Roma. 2078 años después, reiteraríamos el mismo pedido de Cicerón para nuestro país, rescatando además el deseo de entonces de que la gente aprenda “nuevamente” a trabajar, en lugar de pretender seguir viviendo a costa del Estado.