Rómulo Mucho, ingeniero puneño y exviceministro de Minas, señalo que “…El Perú es un país minero pero a la vez, agrícola; que se trata de dos actividades económicas  importantes, enfrentadas por una falsa dicotomía…” y tiene muchísima razón. Según datos de la ANA (Autoridad Nacional del Agua), el 100% de  la demanda de agua en el país es de 26,080 millones de m3 de los cuales la agricultura consume el 88,8% mientras que las poblaciones demandan el 8,89%, la industria el 0,95% y el sector minero el 1,04%. Las cifras oficiales demuestran que la minería no es una actividad económica intensiva en el uso del agua, como pretenden hacer creer algunos opositores a esta importante actividad extractiva. Según el INEI, el Perú tiene una superficie de 128,5 millones de hectáreas, de las cuales 11,6 millones corresponden a zonas agrícolas; las áreas de producción minera constituyen 1,4 millones de hectáreas. Es decir, si uno mira el mapa del Perú, la zona de producción minera abarca únicamente la porción que corresponde a Moquegua.

La actividad minera entonces, que ocupa el 1,09% de nuestro territorio y consume el 1,04% de todo el volumen de agua, genera el 60% de las exportaciones y el Estado recauda de ella el 33% del total del IR, además de ofrecer abundante empleo de calidad.  A pesar de todas estas consideraciones, la minería formal se presenta como el primer caballito de batalla de este gobierno para golpear dura y premeditadamente la fuente privada que provee más del 14% del PBI nacional.

No solo ha sido el mismísimo presidente Castillo el que ha levantado la polvareda con sus frases construidas y sus discursos afilados y contradictorios sobre el sector privado, sino que también lo acompañan en la comparsa, en contra del sector minero y energético puntualmente, muchos de sus más allegados correligionarios, y también la propia premier. Las andanzas antimineras se ofrecen públicamente sin ningún pudor, y queda consagrada su “esencia” con la designación en el Viceministerio de Gobernanza o en la Dirección de Conflictos Sociales del Minem, de personajes antimineros de ONG conocidas por su claro sesgo antiempresa. Agitar las aguas agrias de la división, la contradicción y el enfrentamiento le resultara fácil a este gobierno, pero recuperar la confianza y el grado de inversión, pasara una amarga factura, no al gobierno de turno, sino a la Nación.  El primer telón, abajo: La empresa minera de Las Bambas, anuncia el cierre de su operación.