En el Perú, la población económicamente activa (PEA) asciende aproximadamente a 17 millones de personas, aunque, en la actualidad, más del 71% del mercado laboral es informal. Es decir, más de 12 millones de personas trabajan al margen de la ley, sin sistema de aseguramiento de salud, sin ahorro pensionario, sin jornadas de trabajo diarias, sin vacaciones, sin beneficio laboral alguno. Mientras ello ocurre, nuestros legisladores parecieran taparse los ojos e insistir en seguir sobre regulando la vida de cinco millones de trabajadores formales (la minoría clamorosa), dejando de lado a 12 millones de seres humanos que no gozan de ningún beneficio real. De los más de 5 millones de trabajadores formales, registrados en la planilla laboral, hay que tener en cuenta que aproximadamente el 75% pertenece al sector privado y 25% al sector público

Dieciséis feriados no laborables al año, 30 días de vacaciones al año, 12 sueldos y 02 gratificaciones al año, 1 sueldo por CTS al año, son solo algunas de las diferencias que marcan el abismo cruel entre un trabajador formal y uno informal. A pesar de esta evidencia, nuestros legisladores insisten en seguir sobre regulando el mercado laboral, agregando a éste beneficios que acrecientan la brecha “formalidad-informalidad” y para muestra, un botón: La norma reciente que aprobó el Congreso mediante la cual los padres no pueden ser despedidos de sus puestos de trabajo mientras tengan hijos menores de un año de edad es una clara regla que beneficia a aquellos registrados en planilla, dejando en indefensión a 12 millones que siguen fuera del sistema. ¿cuándo empezaremos a entender la magnitud del problema y esforzarnos en simplificar drásticamente las normas laborales y acoger en ellas a esta otra realidad paralela que nos golpea y que acuna a casi dos cuartas partes de los trabajadores reales de nuestro país? No generar nuevos puestos de trabajo “formales” a través de la inversión privada y la simplificación administrativa, empujará a más peruanos a la informalidad, a la migración o incluso, a la delincuencia. Recordemos que, como señalaba Albert Einstein, nada destruye más el respeto por el gobierno y el estado de derecho que el promover leyes que no se puedan cumplir.