En 1988, los demócratas eligieron a Michael Dukakis como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Era favorito luego de 8 años de gobierno del republicano Ronald Reagan. A dos meses de las elecciones aventajaba a George Bush (padre) hasta que un día visitó una fábrica de autos militares, se puso un casco y se dio un paseo en tanque. Poco después los periodistas le preguntaron qué castigo querría para un hombre que hubiera violado a su esposa. “Dukakis se enredó en una serie de confusos argumentos supuestamente progresistas en lugar de contestar como lo hubiera hecho cualquier hijo de vecino: ‘¡Me gustaría descuartizar con mis propias manos a semejante cabrón!’ A los votantes les desagradó tanta blandenguería del candidato demócrata”, contaba el cineasta Michael Moore en su libro “Mike for presidente”. Por supuesto, Bush ganó esa elección.

Esta anécdota sirve como advertencia para lo que está en juego hoy en el Perú. Falta menos de un año para las elecciones presidenciales, y los peruanos —hartos de la inseguridad y la ineficacia estatal— queremos saber con claridad qué harían los aspirantes al poder frente a la criminalidad que asola nuestras calles. No queremos respuestas calculadas ni discursos evasivos. Queremos saber, sin rodeos, cómo planean devolvernos la seguridad, cómo protegerán nuestras vidas y libertades, cómo harán cumplir la ley.

Los datos son tan escalofriantes como inaceptables: en lo que va del año, se han registrado 921 homicidios, una cifra que ya supera a todo lo reportado en 2018. La violencia ha dejado de ser una amenaza lejana: hoy habita en barrios, mercados, paraderos y colegios. ¿Cuánto más tenemos que morir para que el Gobierno actúe con decisión?

Lamentablemente, el Ejecutivo actual ha demostrado estar lejos de ofrecer respuestas eficaces. Un ejemplo patético y revelador: hace casi un mes, la presidenta Dina Boluarte anunció con entusiasmo la compra de más de 7 mil fusiles de asalto para reforzar a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen. De ese total, 700 fusiles ya fueron entregados. Sin embargo, no pueden usarse. ¿La razón? El Ministerio del Interior olvidó comprar las municiones. Así lo reveló la Contraloría General de la República. Resultado: 90 millones de soles invertidos para que las armas duerman en almacenes del Rímac.

En 2026, el próximo jefe de Estado deberá elegir entre dos caminos: el de las excusas o el de la acción. El Perú ya no tolera más lo primero.