Casi 20 años de extorsiones, atentados y asesinatos en contra de transportistas, bodegueros, pequeños empresarios y emprendedores ante la indiferencia de sucesivas autoridades del Estado en general, han llevado a la paralización de ayer que sin duda ha tenido repercusión en el día a día de los ciudadanos y en la economía del país, lo que tendría que llevar a tomar acciones decididas y oportunas contra los criminales que incluso desde las cárceles operan con total impunidad.

La paralización de ayer no debe entenderse como una protesta solo contra el Poder Ejecutivo, hoy a cargo de una mandataria como Dina Boluarte que vive en otra galaxia y que pese a tener a todos los órganos de inteligencia a su disposición, no fue capaz ni de prever la magnitud del reclamo. Una muestra de eso es que la decisión de suspender las clases escolares se anunció cuando miles de niños y jóvenes ya estaban camino a sus planteles en medio de las situaciones de violencia reportadas en las calles.

El reclamo y la indignación es también contra el sistema de justicia en general, que en la práctica es cómplice de los delincuentes a los que fiscales y jueces liberan con suma facilidad, contra el Congreso copado de gente que anda más interesada en sacar leyes para liberarse de sus problemas penales que en legislar en favor del ciudadano y contra el sistema carcelario que hace agua al no ser capaz de impedir que desde los propios penales se extorsione y ordenen asesinatos.

La extorsión a los transportistas y pequeños empresarios empezó hace casi 20 años en Trujillo. Hablamos de los primeros años de este siglo, en que bandas como “Los pulpos”, “Los plataneros” o “Los malditos de El Triunfo” operaban sin control. Sin embargo, nada se hizo porque claro, sucedía en provincias y en Lima esto no se sentía. Hoy que diferentes grupos de delincuentes operan en la capital, la situación se ha vuelto inmanejable. Se ha salido de las manos y nadie sabe qué hacer.

Ayer hemos tenido una ciudad parada por obra y gracia del accionar de la delincuencia común. ¿Qué más viene? ¿La edición 2.0 de los paros armados que “ordenaba” Sendero Luminoso bajo amenaza de matar a quien salga a las calles a trabajar? Se han anunciado medidas como el estado de emergencia en 11 distritos de Lima y uno del Callao, sanciones más drásticas para extorsionadores y sicarios, y la creación de una unidad policial dedicada a combatir estos delitos. Queda apoyarlas y esperar que tengan éxito. No cabe otra cosa.