La crisis del Ministerio Público ha llegado a un punto insostenible. La pugna entre la fiscal de la nación, Delia Espinoza, y la repuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Patricia Benavides; ha dejado a la institución atrapada en un fuego cruzado que la debilita ante a la ciudadanía y sus responsabilidades constitucionales. Frente a este panorama, se ha abierto paso la idea de una reforma. Y sí: el Ministerio Público necesita cambios profundos, pero no bajo las condiciones actuales. Que congresistas investigados por corrupción, lavado de activos o crimen organizado promueven “reorganizaciones” y recortes de competencias revela más cálculo político que genuina voluntad de fortalecimiento institucional. La reforma es necesaria, pero debe surgir de un gran acuerdo político que incluya a todas las fuerzas democráticas y sectores sociales, y que garantice legitimidad. Y, sobre todo, debe ser liderada por el propio Ministerio Público. Es esta institución la que debe asumir la responsabilidad de reformarse a fondo: para recuperar credibilidad, asegurar su autonomía y enfrentar con firmeza el crimen y la corrupción. Ese proceso, además, debe ser prioridad del próximo Congreso, no del que está de salida, porque si bien urge reformar, aún más urgente es hacerlo bien.