La presidenta Dina Boluarte se emocionó y hasta se le quebró la voz al recordar su infancia durante la inauguración de un centro de salud en Chalhuanca, Apurímac. En un intento de conectar con la audiencia, apeló a su historia personal y al esfuerzo, el trabajo y las manos limpias. Sin embargo, para muchos, su actuación no fue más que una estrategia calculada para reforzar su imagen y convertir el evento en un activo publicitario de su gestión.

El temblor en su voz reflejó, más que la emoción genuina, el tambaleo constante de su Gobierno. Mientras más insiste en proclamar que su administración es eficaz, transparente y honesta, más señales aparecen que degradan su discurso.

El caso más reciente involucra al exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, denunciado por la Fiscalía por irregularidades en la adquisición de alimentos para Qali Warma. La gravedad de la situación ha llevado al Ministerio Público a solicitar el impedimento de salida del país para Demartini. Pero lo más indignante es que, a pesar de estas acusaciones, el Gobierno contemple su nombramiento como embajador del Perú en el Vaticano.

Esta contradicción entre el discurso de integridad y las acciones concretas del Gobierno de Boluarte solo refuerza la percepción de que su administración se sostiene en gestos vacíos, mientras la realidad muestra una profunda crisis de confianza.