Hora de castigar a los agitadores violentistas

El derecho a la protesta es innegable para cualquier ciudadano, pero cuando esta prerrogativa es contaminada con afanes políticos y violentistas, se convierte más bien en enemiga de la democracia.

Y eso sucede con las convocatorias efectuadas por minorías radicales que buscan la opresión y la violencia, como el cierre de carreteras y calles, para hacerse sentir, dando la impresión de que se trata de un clamor ciudadano, cuando es más bien todo lo contrario.

En estos casos urge la reacción de la autoridad y el sentir ciudadano para, en principio, sancionar la ilegalidad de estas acciones y, en segundo lugar, para hacer ver a esos grupos que no somos una sociedad violenta y que reclamamos el respeto de nuestros justos derechos de tránsito y paz.

Los llamados efectuados por aquellos líderes de organizaciones diversas que motivan la toma de vías y la generación de desórdenes, como los enfrentamientos con la Policía cuando esta intenta mantener el orden, deben ser vistos con pinzas por el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia para que los artífices sean sancionados en la medida que lo merezcan. No es posible que luego de las detenciones efectuadas en el lugar de los desórdenes no haya castigados por haber dejado en las carreteras a decenas de viajeros y vehículos.

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa ha hecho público un comunicado en el que da cuenta de la pérdida de 14 millones de dólares diarios por las acciones violentistas en Islay, y sin embargo no se sabe de algún responsable por este perjuicio. Esto tiene que cambiar.