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El Poder Judicial del Perú suele ser un blanco accesible de críticas demoledoras y justificadas, pero así como se convierte con facilidad en la presa fácil de la voracidad ciudadana, hay que destacar sus esporádicos aciertos y sus triunfos invisibles. El último domingo avanzó el proceso para que se dictaminen 9 meses de prisión preventiva para 34 personas asociadas a la barbarie de Huaycán, un virtual atentado al Estado de Derecho, un salvajismo citadino, la execrable comisión de terrorismo urbano. No hace falta narrar lo que casi todos vieron: que en base a un rumor de redes sociales un grupo de desadaptados la emprendió contra la propiedad pública y privada, y atacó una comisaría como si de una caseta de serenazgo se tratara, como si Ate fuera la indomable Ruanda, el Macondo de los rufianes, la tierra sin Constitución ni orden y en la que la matonería, el puño y la fuerza son la ley. Hizo bien la Procuraduría con su solicitud, trabajó a tiempo la Fiscalía y el PJ acabó con una decisión inapelable aunque eventual a la espera de la sentencia definitiva. Habrá que ir, sin embargo, detrás de la totalidad de los que intervinieron, porque 34 no fueron todos. Los desadaptados que levantaron autos como pañuelos y los volcaron para el espanto de sus dueños deben ser fácilmente identificados y perseguidos, pues su identidad quedó registrada en la TV. Y los que tiraron piedras a la comisaría, y los que les pegaron a los policías, y los que casi asesinan a los pobres encuestadores, y los que se envalentonan en la turba y no son más que una manga de forajidos. Sí, para todos ellos, el peso implacable de la ley.

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