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La primera sentencia del caso “Lava Jato” será este año sobre la pesquisa a los aportes al Partido Nacionalista que dirigían Ollanta Humala y Nadine Heredia en 2006 y 2011. No será la única sentencia, pero sí la más importante. De lo que concluya la justicia, el juicio pasará a ser un emblema, pues determinará si los falsos aportes a una campaña política constituyen solo una falta electoral -como antojadizamente proclaman algunos- o encajan en la grave figura del lavado de activos. Desde el análisis no jurídico, es difícil pensar que llenarse de dinero, llevar una vida de lujos y de holgura, viajar por el mundo probando chocolates Godiva, tener a los hijos en el prestigioso Hiram Bingham, comprarse casas y equiparlas con muebles Ferrini y pasearse en más de una 4x4 gracias a la hipoteca ideológica con el gobierno comunista de Hugo Chávez o a las maletas entregadas por Jorge Barata con el fin de que luego Odebrecht sea beneficiada con obras públicas, no califique como el más protervo y descarado delito de lavado de activos. Si esto es así, es decir, si no estamos más que ante una jugarreta hecha en los márgenes de la frontera penal, la lucha anticorrupción sufrirá su golpe más artero y dejará el aire enrarecido por los olores fétidos de la impunidad. Y es que una decisión así marcará también la ruta para las investigaciones a Keiko, PPK y posiblemente al APRA de Alan García y a Susana Villarán, que así se salvarán de la mención furibunda que merecen en el juicio de la historia. Porque si algo debe quedar claro para el rigor de los tribunales, es que es hora de que caigan todos, todos, sin excepciones, y que ese hito debe servir para que el Perú empiece a diseñar una nueva ruta de la moral pública de cara al inminente Bicentenario.