Da la impresión de que en el Poder Ejecutivo han llevado al enemigo como asesor. De otro modo no se entiende que el domingo último el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, haya salido a anunciar que propondrán al Congreso una ley que obligue, sí, que obligue, a los medios de comunicación a difundir acciones del gobierno en la lucha contra la criminalidad, con lo que en la práctica la radio y la televisión pasarían a ser voceros oficiales de la administración de Dina Boluarte.

Esto es un gravísimo atentado contra la libertad de prensa y expresión, pues en una democracia es inaceptable que el gobierno, el que sea, imponga los contenidos a los medios privados e independientes a través de “franjas” o de cualquier otra modalidad. Esto se no se ha visto en el Perú desde los nefastos tiempos del general Juan Velasco, que en la práctica era el dueño absoluto de los medios que desde su expropiación fueron manejados por periodistas colocados por él mismo.

Pero lo grave no es solo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte pretenda manejar parte de la pauta informativa de los medios privados, sino también que crea que el gravísimo problema de la inseguridad en las calles se debe a la falta de información por parte de la radio y televisión, y que por eso es necesario difundir los “logros” del gobierno como son sus operativos o capturas que, si son noticia, van a salir de todas maneras sin necesidad de imposiciones con tufo dictatorial.

En ninguna democracia, los medios independientes son obligados a actuar como propagandistas del gobierno. ¿Nadie le ha explicado esto al ministro Arana, a la presidenta Boluarte o al premier Gustavo Adrianzén que ayer por la mañana ha salido a defender imposiciones editoriales? Con este anuncio hecho desde el llamado “Cuarto de Guerra”, Palacio de Gobierno no hace más que demostrar que ha perdido la brújula en la lucha contra la criminalidad.

El rechazo al anuncio del ministro Arana no debe ser visto como una mera molestia de los periodistas por el hecho de que nos quieran imponer contenidos desde Palacio de Gobierno, que sin son noticiosos a criterio de sus directores periodísticos, de todas maneras serán difundidos, sino como un grave recorte al derecho que tienen los ciudadanos a recibir información desde diversos puntos de vista y no condicionada a imposiciones de ningún tipo, que son reñidas con toda democracia.