Todo ciudadano que crea en la democracia y el estado de derecho tiene que condenar lo sucedido en Brasilia, capital de Brasil, donde turbas han atacado las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por estar en desacuerdo con el gobierno del presidente Lula da Silva, quien acaba de asumir funciones en el vecino país tras un proceso electoral válido.

Acá no se trata de ver si los que reclaman y han cometido esos actos al margen de la ley, son de derecha o de izquierda. Lo que sucede es que un grupo de gente ha salido a tratar de imponerse por medio de la violencia, lo cual es inaceptable en cualquier democracia y país que trata de ser serio y respetuoso de la institucionalidad.

Ante situaciones como estas, cualquier democracia y gobierno elegido por voluntad popular, tiene derecho a defenderse, incluso con el uso de la fuerza, siempre siguiendo los protocolos reconocidos internacionalmente. Militares y policías no pueden estar atados de manos y esperar ser apedreados por delincuentes.

En ningún lugar del mundo puede imponerse la decisión de la turba, del que toma un local por la fuerza, del que quema llantas o apedrea un vehículo policial o una ambulancia. Es salvajismo, eso es la ley de la selva, que nada tiene que ver con cualquier reclamo o exigencia. Derecho a la protesta sí; vandalismo y actos terroristas –como ha calificado Lula a lo sucedido en Brasilia–, no.



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