Un informe de la Contraloría General de la República da cuenta que en todo el territorio peruano hay 2 mil 369 obras paralizadas. Los responsables son los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y el dinero que está en juego es 22 mil 453 millones de soles. En un país con tantas carencias y necesidades, esto es imperdonable. Los números solo confirman porqué vivimos una dura realidad social.

Este panorama solo muestra la incapacidad de nuestros gobernantes de gastar bien los recursos públicos. Está claro que es difícil conseguir presupuesto, pero más lo es ejecutarlo. Esto habla solo de la pésima gestión de las autoridades que elegimos.

La retórica y los reclamos de los políticos a favor de una nueva Constitución se degradan apenas salen a relucir estas cifras de la Contraloría. Nuestra Carta Magna no tiene la culpa del desastre que ocasionan el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, al no invertir con eficacia el dinero que disponen. Insistir en una Asamblea Constituyente no tiene nada de utilidad en estas condiciones. Solo generará una polémica sin fin, pero que resulta estéril porque los ciudadanos lo que más quieren es obras para mejorar su condición de vida.

Es el colmo que muchos actúen como si no sean responsables de la crisis que afronta el país. Para ellos la culpa siempre la tienen los demás.