El panorama de inseguridad en el país es alarmante. A diario, los ciudadanos enfrentan la amenaza de la delincuencia, el sicariato y la violencia desenfrenada en las calles. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, insiste en minimizar la gravedad de esta crisis, alimentando la indignación pública con su desconexión de la realidad.
Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), hasta ahora se han registrado 1,839 homicidios, lo que representa un incremento del 22.5% respecto al año pasado. Expertos como Juan Carbajal advierten que, de mantenerse esta tendencia, el 2023 cerrará con cerca de 2,000 asesinatos, un 30% más que en 2023. A pesar de estas cifras preocupantes, Santiváñez ha desestimado estas proyecciones, afirmando, sin evidencia clara, que el aumento de la criminalidad es solo del 7%.
Estas declaraciones no solo revelan una falta de seriedad, sino también una incapacidad alarmante para liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana. La desconexión del ministro es un obstáculo en un momento crítico en el que el país requiere transparencia, acciones concretas y un liderazgo eficiente.
La violencia y el crimen han alcanzado niveles insostenibles, y la gestión de Santiváñez no ha estado a la altura de las circunstancias. En lugar de reconocer la magnitud del problema y buscar soluciones efectivas, opta por minimizar la realidad, agravando la percepción de desamparo en la ciudadanía.
Es imperativo que se tomen decisiones responsables. Mantener en el gabinete a un funcionario con tan escasa capacidad de gestión es inadmisible. La lucha contra la delincuencia exige un liderazgo decidido y comprometido, cualidades que, a todas luces, no se encuentran en el actual titular del Interior.
